Resumen: Se evidencia un conflicto entre la demandada y su familia que responde al hecho de que la madre concibe por elección propia un modelo de vida que se aleja de la filosofía de seguridad, organización, trabajo y control que preside la concepción más convencional que tienen sus padres y su hermana, mas ello no es motivo suficiente para privarle de la patria potestad, al no estar justificada por un incumplimiento cualificado de las obligaciones de la madre, ni protegería el superior interés de los niños, que se verían obligados a prescindir de su madre como figura de referencia y a cambiar su entorno después de varios años de residir en otra comunidad autónoma. Se valoran los deseos del menor, y particularmente se consideran que los cambios de domicilio no son exponente de que la madre antepone sus intereses a los de los menores, pues responden al ejercicio de la libertad de residencia, y al deseo de la madre de alejarse de su entorno familiar que percibe como toxico. Tampoco la falta de apoyos y de recursos económico puede erigirse en motivo suficiente, constando que la madre intenta trabaja. Ni sus opiniones en materia de salud, basadas en llamada "prevención cuaternaria", por muy discutible que fuera, que se identifica con un conjunto de medidas que tratan de intentan evitar, reducir o paliar el daño provocado por la intervención médica (entre ellas la vacunación), pues no consta que ello haya perjudicado la salud de los menores.
Resumen: La sentencia de instancia condena a restituir una cantidad de dinero adeudada en concepto de préstamo, que la demandada sostiene no procede devolver por ser una donación. En apelación se confirma la valoración probatoria del juzgado ya que existen recibos de pago expresivos de la obligación de reintegro, de tal manera que el no documentarse por escrito el contrato no permite negar su existencia en atención al principio de libertad de forma (art. 1278 CC); que no se pactase tipo de interés tampoco excluye el préstamo ya que en principio es gratuito y no se deberán intereses sino cuando expresamente se hubieran pactado (art. 1755 CC);y, que no se estableciera fecha de vencimiento expreso, tampoco lo excluye pues el préstamo es una obligación a plazo que, a falta de reglas específicas debe regirse por las normas generales de las obligaciones a plazo (arts. 1125 y ss CC). Desestima la prescripción de la acción ejercitada, que al no tener establecido un plazo especial queda sometido a la previsión legal general de cinco años del art. 1964 CC, que se computa desde que pudo ejercitarse, debiendo tenerse en cuenta el efecto interruptivo de la prescripción que opera con los pagos parciales efectuados, constitutivos de un reconocimiento de deuda, por lo que el plazo se inicia desde el último de los pagos realizados, sin que haya transcurrido el plazo prescriptivo al tiempo de interposición de la demanda.
Resumen: Tras reconocerse prestación de desempleo se acordó la extinción de la prestación por infracción muy grave a consecuencia de que la Inspección de Trabajo concluyó que el alta de la demandante en la empresa era un alta simulada entre empresa y trabajadora, habiendo actuado ambos en fraude de ley para que la actora pudiera acumular periodo de carencia y obtener situación legal de desempleo. Para contradecir la conclusión que asumió el Juzgado se alega en el recurso la existencia de grupo patológico de empresas, pero se desecha esta alegación por ser nueva en el litigio, y desestima el recurso porque, al margen de ello, no hay prueba que contradiga la conclusión del Juzgado.
